EL TERRORISMO DE ESTADO DE URIBE SIGUE ASESINANDO: Cuatro líderes socialeshan muerto después de la marcha del 6M Colombia: El terrorismo de Estado sigue asesinando. Cuatro líderes sociales han muerto después de la marcha del 6M (correinte roja)
L TERRORISMO DE ESTADO DE URIBE SIGUE ASESINANDO:
Cuatro líderes sociales han muerto después de la marcha del 6M
HAN SIDO AMENAZADOS DE MUERTE OTROS 31 LÍDERES SOCIALES
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Las organizaciones de DD.HH. denunciaron la muerte de cuatro líderes
sociales y las amenazas contra 31 más, después de la marcha del 6 de
marzo, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, el desplazamiento y
los crímenes de Estado.
Las graves denuncias presentadas por las organizaciones de Derechos
Humanos en Colombia, reflejan la situación a la que se ven enfrentados los
líderes sociales en el país.
Según Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de
Estado, las amenazas provienen de los grupos paramilitares que se han
reagrupado con el nombre de “Águilas Negras”.
El más reciente de los crímenes fue el de Carlos Burbano, quien lideró la
organización de la marcha del 6 de marzo en San Vicente del Caguán; él
desapareció tres días después de la marcha. Fue encontrado muerto en el
basurero municipal, con la cara desfigurada por ácido y claros signos de
tortura.
Las otras personas asesinadas son Carmen Cecilia Carvajal Ramirez, en el
municipio de Ocaña; Leonidas Gómez Rozo, en Bogotá y Gildardo Antonio
Gómez, en Antioquia.
Los líderes sociales señalaron al asesor presidencial, José Obdulio
Gaviria, de generar un “ambiente de violencia”. De acuerdo con Iván
Cepeda, antes de las declaraciones del 10 de febrero, cuando Gaviria
calificó de guerrilleros a los organizadores de la marcha del 6M, no se
había registrado ninguna amenaza. “Estamos cansados de los señalamientos”;
reiteró el defensor de DD.HH.
Por esta razón, una de las medidas que van a tomar los dirigentes sociales
es la solicitud formal a través de un derecho de petición para que sea
destituido de su cargo José Obdulio Gaviria.
“No es posible que ocurran asesinatos contra gente que protege a las
víctimas y que en sí mismas son victimas, más cuando estaban organizando
un gesto pacifico”, comentó Cepeda.
Además del derecho de petición, fue interpuesta una denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación, por las amenazas, y se iniciará una
estrategia internacional para que se eviten más crímenes. Éstas incluirán
una solicitud formal ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, que
está en periodo de sesiones en Washington, y el caso se dará conocer
también a la Relatora Especial de Defensa de DD.HH. de la ONU y la Alta
Comisionada para los DD.HH., cuya sede está en Ginebra.
Los amenazados reiteraron que no van a descansar en el mensaje para que se
dejen de hacer señalamientos a los líderes sociales y se aparte el
pensamiento de que tienen alguna relación con la guerrilla.
Las intimidaciones han llegado a las organizaciones sociales a través de
correos electrónicos y en esos textos no sólo amenazan a los 31 lideres,
sino que declaran objetivo militar a diferentes tipos de organizaciones.
Uno de los amenazados, Rigoberto Jiménez, miembro de la Coordinación
General de Desplazados y uno de los organizadores de la marcha que partió
desde Flandes, Tolima, relató que durante todo el recorrido los líderes
del grupo fueron intimidados e incluso después de que su marcha se unió
con la de Bogotá, varios de sus compañeros fueron amenazados directamente
en el municipio de Soacha. Denunció además que después de la marcha han
sido retiradas las medidas de seguridad para 15 de los líderes de
desplazados en el país, entre ellos él mismo.
La denuncia fue dada a conocer al Gobierno y el jueves se realizó una
reunión con un representante estatal. Se acordó que se activarán algunos
de los mecanismos de protección. Sin embargo, para los defensores esto es
insuficiente.
