Linea36’s Weblog

Cuando se cumplen los diez años del desastre de Aznalcóllar, multitud de grupos ecologistas claman a las autoridades la sombra que se cierne de nuevo sobre la vega del Guadalquivir. Otra empresa minera trabaja en la misma zona del desastre, con el peligro de que contamine de nuevo la riqueza ecológica del río Betis.

El desastre

Cuando el 25 de abril de 1998 se rompió la balsa minera de Aznalcóllar, que contenía lodos tóxicos, se esparcieron por el cauce del río Guadiamar, principal afluente del Parque Nacional de Doñana, seis millones de metros cúbicos de lodos y 2 millones de aguas tóxicas que asolaron más de 4.600 hectáreas de terreno. Sin embargo, el accidente medioambiental más grave de España se pudo haber evitado: entre 1994 y 1998 la Coordinadora Ecologista y Pacifista de Andalucía (CEPA) presentó decenas de denuncias judiciales y administrativas que alertaban del riesgo medioambiental que suponía dicha mina. Sin embargo, a pesar de advertir de que se estaban almacenando residuos tóxicos del Polo Químico de Huelva en la balsa minera de Aznalcóllar, no funcionaron los mecanismos de prevención y control de la contaminación, debido al costo que ello suponía para la empresa. Ya en 1995, el ingeniero Manuel Aguilar Campo, jubilado de Boliden, denunció a la Junta de Andalucía deficiencias y el mal mantenimiento de esta balsa minera, por la que se vertían aguas ácidas al Guadiamar, alertando de la posible rotura y del desastre ecológico que ello conllevaría.

Sin embargo, la empresa sueca Bolidén, lo negó todo y ni las manifestaciones ni los estudios realizados impidieron el desastre. Se constató que había un tráfico ilegal de residuos tóxicos y peligrosos que llenó el recinto minero de Aznalcóllar de basura venenosa. Se trata de 300.000 toneladas al año (el tráfico perduró entre 12 y 14 años) de desechos, con un alto porcentaje de metales pesados como Zinc, Plomo y Arsénico, enviadas a la balsa, cuya presa estaba fabricada con materiales de deshecho.

Con respecto a la rotura de la balsa, hay dos hipótesis de las que hablan numerosos mineros y que los medios de desinformación esconden: una la que afirma que la balsa se dejó llenar sabiendo que reventaría, y otra que la rotura fue provocada por una explosión que facilitó la rotura. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad de esta catástrofe, que ha costado 200 millones de euros a la población. Aún continúan los procesos judiciales de esta rotura y contaminación, aunque se ha descartado toda responsabilidad penal de Boliden, de las empresas constructoras y de la Junta de Andalucía, que mantienen abiertos varios pleitos para decidir quién pagará la multimillonaria descontaminación de la zona.

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Como las golondrinas. Es primavera, época en la que cada año llama a nuestras puertas la campaña de Hacienda para la recaudación del IRPF. Y como cada año, desde que la Asamblea Andaluza de No Violencia llamara por primera vez a la desobediencia a los gastos militares en 1982, llega la campaña anual de Objeción Fiscal al Gasto Militar.

La Objeción Fiscal es una acción de desobediencia civil consistente en dejar de ingresar o reclamar al Estado la parte proporcional (o simbólica) de nuestros impuestos que va destinada a financiar el gasto militar. Ese dinero que no ingresamos o que reclamamos es abonado a destinos alternativos que consideramos de utilidad social. Nuestro acto se hace de forma pública y colectiva, y –aunque conscientes de su ‘alegalidad’– exigimos al Gobierno que descuente esas cantidades de los presupuestos militares y de la preparación de la guerra. Calcular el gasto militar es un tema complicado que ofrece dos retos.

Para ello nos hemos apoyado principalmente en los nunca bien ponderados trabajos de Pere Ortega, del Centre JM Delàs, y de José Toribio, dos investigadores que cada año analizan con rigor los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto militar está disperso y camuflado entre las partidas de diferentes ministerios, y, además, al final de cada año se acaba gastando mucho más de lo presupuestado. Otro problema es determinar qué es exactamente ‘gasto militar’ en una sociedad cada vez más controlada y militarizada. Tras analizarlo detenidamente, en Alternativa Antimilitarista-MOC hemos decidido proponer este año dos porcentajes de gasto militar. El primero, al que denominamos precisamente ‘gasto militar’, se ciñe exclusivamente a las partidas claramente relacionadas con las fuerzas armadas, y que diversos organismos internacionales no tienen dudas en señalar como inequívocamente militares. Según este cómputo, el Estado español ha presupuestado un gasto para el año 2008 de 21.270,99 millones de euros. Lo cual supone un 10,5% respecto al total de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, al entender que el militarismo hoy en día va más allá de los propios ejércitos, que las fuerzas policiales asumen cada vez más competencias que tradicionalmente venían desempeñando los militares, y que son crecientes los medios y herramientas de que el poder se dota para mantener controlada, alienada y sometida a la población, hemos querido ampliar el concepto de los presupuestos militares proponiendo este año además un porcentaje que denominamos “gasto militar + control social”. Éste, cuyo cálculo iremos mejorando y complementando en años venideros, a la cifra anterior añade las partidas destinadas a la Policía Nacional y prisiones. Sumando estos otros capítulos, el resultado es de 26.175,49 millones de euros, cifra que supone un 12,9% de los Presupuestos Generales del Estado.

Noticia aparecida en El Confidencial Digital el Sábado, 26 de abril de 2008
La querella para la ilegalización de Izquierda Castellana, que lidera la hermana de Txiki Benegas, va a acompañada de abundante material gráfico

Acaba de ser admitida a trámite una querella para la ilegalización de Izquierda Castellana (IzCa). La demanda va acompañada de un buen número de fotografías que relacionan a la hermana de ‘Txiki’ Benegas, dirigente del partido nacionalista, con altos representantes de la ilegalizada Batasuna.

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 Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y el preso político Jorge Olaiz, citados a declarar como testigos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, han reiterado que las declaraciones que en su día realizaron cuando fueron detenidos las hicieron “obligados” por los malos tratos sufridos en manos de las fuerzas policiales españolas, y han desmentido todo lo declarado. Por su parte, a un guardia civil se le ha escapado que la “preparación” de las declaraciones fue “espontánea”.

28/04/2008 12:01:00

MADRID-. El preso político vasco Jorge Olaiz y los ex presos Susana Atxaerandio e Ibon Aranalde han comparecido hoy en la Audiencia Nacional española citados como testigos por la Fiscalía del mismo tribunal.

Los tres han reiterado que durante sus respectivas detenciones permanecieron varios días incomunicados en manos de las fuerzas policiales españolas y que las declaraciones que fueron sustraídas en el arresto se realizaron bajo tortura, y malos tratos.

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Una nueva grabación de agresiones en el metro de Madrid muestra a dos vigilantes de seguridad, en lo que parece ser el ascensor de una estación, golpeando e insultando a una persona, aparentemente un inmigrante sudamericano ebrio.

Uno de los vigilantes hace ademán de orinar sobre el inmigrante, aunque la grabación se corta

Son ya al menos cinco los vídeos difundidos desde el pasado 22 de abril que muestran las agresiones que algunos encargados de la seguridad del suburbano de Madrid infringen a pasajeros y vagabundos. Dos días después del primer vídeo, salieron a la luz otros dos. El sábado, 20minutos.es colgó un cuarto vídeo.

En el vídeo de hoy, uno de los vigilantes le dice al que graba que va “a mear” (en el segundo 40) y hace el gesto de ir a orinar sobre la víctima, aunque la grabación no recoge el momento.

El remitente del vídeo lo ha hecho de forma anónima y no ha querido ponerse en contacto con 20minutos.es, que lo ha intentado desde hace varios días. Pese a ello, lo difundimos por su interés. El remitente identifica a los vigilantes que aparecen en él con nombre y primer apellido completo. Serían Héctor B. y Fernando M.