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El juicio por torturas contra cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía, cuatro de ellos miembros en activo del Grupo VI de la Brigada de Información, ha quedado visto para sentencia. La vista oral se desarrolló el 15 y 16 de abril en la Audiencia Provincial de Barcelona bajo un insólito y amplio dispositivo policial : agentes de los TEDAX inspeccionando las cloacas en busca de explosivos, antidisturbios de los Mossos d’Esquadra rodeando una concentración solidaria y otros policías concentrándose en una muestra de apoyo a los cinco encausados. Durante los dos días de la vista, el Grupo VI al completo se citó dos horas antes del inicio del juicio para plantarse ante las puertas de la sala, con un aforo limitado al público de 35 plazas, e impedir el acceso a la vista a miembros de la acusación popular, familiares y grupos de solidaridad.

Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2004. Tras el desalojo del CSO La Hamsa, fue atacada con cócteles molotov la comisaría de Sants, lo que desató una cacería policial por el barrio. Fueron detenidas varias personas, entre ellas dos menores que, tras firmar autoinculpaciones, –posteriormente denunciaron haberlo hecho bajo tortura–, estuvieron 51 días en la cárcel. Un tercer detenido esa noche, Dani M., también denunció haber sido sometido a interrogatorios ilegales y haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos que le dejaron diversas lesiones. Años más tarde, los tres detenidos fueron juzgados por el ataque a la comisaría y finalmente absueltos. Por su parte, tras su paso por comisaría, los tres jóvenes presentaron denuncias contra numerosos agentes, denuncias que fueron archivadas, salvo una, que en 2006 la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir. Por eso ahora, y tras un largo periplo judicial, se sentaban en el banquillo de los acusados cinco agentes –sobre un sexto policía fueron retiradas todas las acusaciones durante la primera sesión–, entre ellos dos destacados miembros del Grupo VI. Uno, Ignacio M., alias Jordi y con número de placa 74.977, por ser uno de los máximos responsables del grupo. Este subinspector ya había sido denunciado por torturas hasta en cuatro ocasiones, pero en ninguna había prosperado hasta llegar a juicio. El otro policía, conocido con el sobrenombre de Melenas y con número de placa 75.963, se ha bía señalado por protagonizar sonados episodios represivos, como el encañonamiento de un joven precario que protestaba contra las ETT, que fue grabado por las cámaras de CNN+, o la exhibición de la pistola en un desalojo de una casa okupada.

Para estos dos policías y el resto de agentes, la acusación particular –el joven detenido en Sants– y la acusación popular, ejercida por Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y la asociación Memoria contra la Tortura, han solicitado dos años de cárcel por torturas, uno por un delito de lesiones y 12 años de inhabilitación especial para cada uno de los procesados. Para las acusaciones, las lesiones y secuelas físicas y psíquicas han quedado plenamente acreditadas –particularmente la perforación de un tímpano sufrida por el detenido–, así como la práctica de una tortura indagatoria destinada a obtener información. Este extremo fue confirmado involuntariamente durante el juicio contra ‘Jordi’, el responsable del grupo. Tras ser requerido para declarar sobre el habitáculo donde se habrían producido los malos tratos, respondió que éste estaba “destinado a tomar declaraciones y a realizar interrogatorios”.

Esas palabras que resonaron en la sala certificaban una práctica largamente denunciada, esto es, la realización de interrogatorios ilegales sin la presencia del abogado de confianza. Fue en esos interrogatorios cuando ‘Jordi’ ofreció al detenido colaborar con ellos, convertirse en confidente y cobrar por ello. Con todo, fue el Ministerio Fiscal quién acabó protagonizando el juicio. La fiscal arremetió contra víctima y acusaciones, y contra sus abogados y “las asociaciones que representan”. Empezó aseverando que “tortura es llevar a estos policías a juicio”, para luego descolgarse con afirmaciones como “no hay circunstancia, no hay indicios, no hay nada acreditado” ; “no nos creemos a ninguno de los testigos” ; “el único móvil es la venganza” y, finalmente, concluir con un categórico “nos hacen perder el tiempo”.

Previamente la fiscal ya había sostenido que los agentes ya estaban pagando una “injusta pena de banquillo”. Estas conclusiones enmudecieron a los abogados de la defensa, que se limitaron a sumarse a la petición fiscal de libre absolución. En la sala, como público, 35 agentes del Grupo VI de paisano y sólo un miembro de la acusación popular y un familiar para apoyar al denunciante. En el pasillo, veinte agentes de paisano más, que con su actitud provocadora generaron momentos de tensión.

El Grupo VI de la Brigada de Información de Barcelona no es un grupo cualquiera y el juicio celebrado tampoco : como síntesis de una etapa, era la primera vez que en el banquillo de los acusados se sentaban los máximos responsables de una represión policial que se saldó con más de 2.000 detenciones, 20 encarcelamientos, un joven muerto y ocho infiltrados descubiertos en el período 1996-2006. Integrado por 70 agentes todavía en activo, el Grupo VI se convirtió en la punta de lanza de la represión a cualquier expresión de disidencia política o social en Cataluña.